Pekín / Caracas/China exigió este martes que se salvaguarden sus intereses en Venezuela, después de que algunos medios informaran de que el nuevo acuerdo petrolero entre Caracas y Washington podría afectar a campos en los que operaban compañías chinas, como las estatales Sinopec y CNPC.
«Los derechos e intereses legítimos de China en Venezuela deben ser salvaguardados», afirmó en rueda de prensa el portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Guo Jiakun.
Guo respondía a una pregunta sobre informaciones según las cuales, como parte del nuevo acuerdo petrolero impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, una compañía estadounidense asumiría el control de varios campos venezolanos anteriormente en manos de empresas chinas, entre ellas Sinopec y CNPC.
Se ha dicho que una compañía estadounidense asumiría el control de varios campos venezolanos anteriormente en manos de empresas chinas, entre ellas Sinopec y CNPC
El vocero no confirmó esos cambios de control y se limitó a señalar que Pekín había «tomado nota de las informaciones».
Guo recalcó que la cooperación entre China y Venezuela «está protegida por el derecho internacional y las leyes de ambos países» y defendió que la cooperación económica y comercial entre países debe regirse por los principios de igualdad y beneficio mutuo.
China mantiene desde hace años importantes intereses en el sector petrolero venezolano, donde compañías estatales como CNPC y Sinopec han participado en proyectos de exploración y producción, en el marco de la estrecha relación económica desarrollada entre Pekín y Caracas durante los gobiernos chavistas.
Estados Unidos y Venezuela anunciaron el viernes un acuerdo por el que Washington controlará más del 20% de las reservas de crudo venezolano, casi ocho meses después del acercamiento entre el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el de Trump tras la captura de Nicolás Maduro en enero.
Rodríguez detalló el sábado que el acuerdo tendrá una vigencia de 25 años y prevé el desarrollo de 17 campos estratégicos, con un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo y un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.
Sin embargo, los partidos Primero Justicia (PJ) y Acción Democrática (AD), que forman parte de la principal coalición opositora de Venezuela, pidieron este lunes más información, transparencia y garantías verificables sobre el pacto.
«Al tratarse de un acuerdo de gran magnitud entre dos países y con implicaciones para nuestro futuro, exigimos transparencia, mayor información, rendición de cuentas y garantías verificables», dijo en un comunicado PJ, integrante de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
La formación indicó que el país tiene derecho a conocer los términos, cómo se administrarán los recursos que genere «y, sobre todo, cómo se garantizará que sus beneficios lleguen a la nación y a su gente».
La formación indicó que el país tiene derecho a conocer los términos, cómo se administrarán los recursos que genere «y, sobre todo, cómo se garantizará que sus beneficios lleguen a la nación y a su gente»
El partido señaló que respalda las inversiones en el país, pero insistió en la necesidad de avanzar en la «construcción de condiciones para una transición democrática» ya que, a su juicio, la reconstrucción requiere de crudo, pero también de democracia para que se puedan «recuperar» instituciones y las garantías de una elección «libre».
Por su parte, AD recordó, en un comunicado, que la transparencia «es una obligación institucional» y exigió la publicación del acuerdo, «sus anexos y las condiciones económicas, jurídicas, operativas y financieras que lo sustentan».
«El petróleo pertenece a todos los venezolanos y cualquier decisión sobre su explotación debe estar sometida al escrutinio ciudadano y a los mecanismos constitucionales correspondientes. La soberanía nacional no se proclama únicamente en discursos; se garantiza mediante instituciones, transparencia, rendición de cuentas y defensa efectiva del interés nacional», indicó el partido que también manifestó su preocupación por la validez del convenio que está suscrito con lo que considera un «régimen ilegítimo».
En la misma línea, el partido opositor Un Nuevo Tiempo consideró como «indispensable» en un comunicado que el país conozca el texto «íntegro» del acuerdo, así como «la totalidad de sus términos, condiciones, obligaciones, garantías y mecanismos de ejecución».
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