Los Patios/ Bogotá/El atentado contra una estación policial del noreste de Colombia, que dejó un muerto y 11 heridos la noche del lunes, puso este martes al Gobierno a la ofensiva contra los grupos armados que operan en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.
El ataque, achacado a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), fue cometido con un auto cargado con 80 kilogramos de explosivos en el municipio de Los Patios, aledaño a Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander.
«Aquí nadie se acobarda. Los vamos a combatir y vamos a liberar este departamento de la violencia por la razón o por la fuerza», expresó el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, durante un consejo de seguridad en Cúcuta.
Entre los heridos hay dos policías con lesiones de gravedad, mientras que hay cuantiosos daños materiales en la infraestructura policial y comercial de la zona, la cual se quedó sin electricidad durante varias horas.
El ataque, achacado a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), fue cometido con un auto cargado con 80 kilogramos de explosivos en el municipio de Los Patios, aledaño a Cúcuta
La explosión causó un incendio en la estación policial y en varias motocicletas de los uniformados, y provocó el pánico entre los habitantes del sector, según constató EFE en la zona.
El pasado 31 de julio, al menos ocho policías y otras tres personas resultaron heridos por la explosión de un vehículo bomba cerca del comando de la Policía de Norte de Santander en Cúcuta, que fue seguida de otras detonaciones.
En Norte de Santander, y en especial en la convulsa región del Catatumbo, operan distintos grupos armados ilegales, entre ellos el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC.
Tatiana Zapata, quien estaba en la zona del ataque cuando el carro bomba estalló, recuerda el caos y el terror que vivió durante el ataque.
«Sentí un empujón fuerte y luego un zumbido estremecedor en el oído. Cuando miré al frente había fuego, gritos e hierro por todas partes», dijo a EFE la mujer quien lamentó haber tenido que vivir un hecho de este tipo por primera vez en su vida.
Tan solo a unos metros de distancia, Elicia mira con tristeza su papelería, que quedó en ruinas por el atentado, y pidió ayuda para recuperar el negocio del que vivía desde hace 22 años.
El comandante operativo de la Policía Nacional, brigadier general Ricardo Augusto Alarcón, afirmó que las autoridades presumen que la acción fue realizada por el Frente de Guerra Urbano Carlos Germán Velasco del ELN.
«Para el ataque se empleó un automóvil hurtado en junio de 2024, cuyo propietario fue hallado muerto un día después del robo. Posteriormente, el vehículo fue acondicionado con una apariencia similar a la de un taxi», agregó el oficial.
«Para el ataque se empleó un automóvil hurtado en junio de 2024, cuyo propietario fue hallado muerto un día después del robo. Posteriormente, el vehículo fue acondicionado con una apariencia similar a la de un taxi»
Asimismo, Alarcón aseguró que los explosivos se activaron mediante un sistema de frecuencia radial, en una acción criminal que sólo tardó entre 15 y 25 segundos desde que abandonaron el vehículo hasta el momento de la explosión.
El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, señaló que estos hechos serían una respuesta de los grupos armados ilegales ante las acciones recientes de las autoridades.
«Se han firmado más de 40 extradiciones en 20 días (…) creería que es una respuesta natural por parte de los bandidos», afirmó Acevedo a periodistas.
El secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, confirmó a EFE que las autoridades ofrecen recompensas que suman 100 millones de pesos (unos 31.600 dólares) por información que lleve a la captura de los responsables de este atentado.
A esta cifra, el alcalde del municipio de Los Patios, Alexi Valencia, sumó otros 50 millones de pesos y aseguró que nunca habían vivido un hecho de violencia de esta magnitud.
Además, la Fiscalía de Colombia reactivó este martes las órdenes de captura contra 46 miembros de tres grupos armados que negociaron la paz con el Gobierno de Gustavo Petro, después de que De la Espriella diera por terminadas las conversaciones con estas organizaciones.
La fiscal general Luz Adriana Camargo reactivó las órdenes de captura contra 27 miembros de la disidencia de las FARC Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), incluida la de su líder, alias Calarcá; trece de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB), y seis de las paramilitares Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
«La medida responde a la terminación de las mesas de diálogo con estos grupos, decidida por el Gobierno Nacional el pasado 28 de agosto, y a la consecuente revocatoria de la designación de sus voceros mediante la cual finaliza el beneficio de suspensión que cobijaba dichas órdenes», agregó la Fiscalía en un comunicado.
El domingo pasado, De la Espriella confirmó que decidió dar por terminadas las conversaciones con estos tres grupos armados ilegales, iniciadas por su antecesor, el líder de izquierdas Gustavo Petro, alegando que esas organizaciones no tienen voluntad de paz.
«La medida responde a la terminación de las mesas de diálogo con estos grupos, decidida por el Gobierno Nacional el pasado 28 de agosto»
«He tomado esta decisión porque no existe una voluntad real y verificable de paz, mucho menos de reinserción a la vida civil o de sometimiento serio a la Justicia que justifique mantenerlas», expresó el mandatario en una alocución.
El EMBF hizo parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, pero en 2024 se separó de ese grupo por su negativa a continuar los diálogos de paz con el Gobierno de Petro.
La CNEB, por su parte, surgió de una escisión de otra disidencia llamada Segunda Marquetalia, por divisiones internas, y está compuesta por la Coordinadora Guerrillera del Pacífico (CGP) y los Comandos de Frontera (CDF).
La política de ‘paz total’, buque insignia del anterior Gobierno, naufragó por el fracaso de los diálogos con los distintos grupos armados ilegales, entre ellos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el Estado Mayor Central, que fueron suspendidos por el propio Petro alegando falta de voluntad de paz.
Esa ambiciosa propuesta también incluía el sometimiento a la justicia de bandas como el Clan del Golfo, la mayor organización criminal del país, pero los resultados fueron pocos.
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