La Habana: Un periodista oficialista critica los precios de los Mercados de Barrio
La Habana/En el nuevo Mercado de Barrio de la calle Ermita, entre Conill y Tulipán, en el municipio habanero de Plaza de la Revolución, inaugurado apenas este sábado, ciertamente no hay colas. A sus puertas, este lunes, una mujer que parecía ser la administradora animaba a la gente a pasar mientras hacía promoción de algunos productos.
A su llamado entró una jubilada, que fue directa al mostrador que tenía encima un cartel que decía “productos normados”, herencia del viejo comercio estatal que estuvo en el mismo lugar, la Bodega 043, que ahora gestiona la mipyme El Titán de Tulipán. “¿Cuáles son los productos normados?”, preguntó la mujer. La gerente le respondió: “Recuerde que esto lo transformamos, eso pertenecía a la bodega y hay que borrarlo, aquí no vendemos productos normados”.
Todo lo contrario, la tienda aparece surtida como lleva décadas sin estar una bodega estatal. A la venta no solamente hay alimentos, empaquetados y frescos, sino también productos de aseo, perfumes, pequeños electrodomésticos y hasta aires acondicionados. Los precios, tal y como explicaron las autoridades cuando anunciaron la apertura de este tipo de comercios, en alianza con el Estado, son apenas entre un 10% y un 15% más baratos que en el resto de privados.
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La pequeña diferencia puede observarse en la tablilla de “productos liberados”, en la que no solamente figura el precio a la venta sino el “precio de referencia”. Así, por ejemplo, el kilogramo de arroz está a 900 pesos (el precio de referencia es 1.050); el frijol negro, a 950 (de 1.250); el paquete de 250 gramos de café, a 2.600 pesos (de 2.800), y el cartón de huevos, a 4.200 (de 4.800). En cuanto a los cárnicos, se puede encontrar butifarra a 1.000 pesos, lomo de cerdo a 2.150 pesos la libra o picadillo de pollo a 700 pesos la libra.
En la zona de perfumería, una joven lamentaba la mala calidad de las fragancias, imitaciones baratas de otras marcas, por 3.000 pesos. “Tan caras, y duran lo que es ponérselas y ya”, decía la muchacha.
Un anciano, por su parte, miraba los electrodomésticos con ojos anhelantes: ollas arroceras a 24.000 pesos, batidoras Silver Crest a 32.000, bombas de agua a 40.000, splits a 220.000 pesos.
Ollas arroceras a 24.000 pesos, batidoras Silver Crest a 32.000, bombas de agua a 40.000, splits a 220.000 pesos
“Aquí no viene nadie porque ya la gente se percató de que estos no son mercados de barrio ni la cabeza de un guanajo”, protestaba una mujer, que salió del local, perfectamente climatizado e iluminado, además de vigilado con varias cámaras de seguridad, sin comprar nada. Uno de los clientes que entró este lunes a preguntar por tabaco, sentenciaba: “Esto es una mipyme pura y dura, y la diferencia de precio es mínima”. Al respecto, ponía el ejemplo del tabaco Reloba, “el malo”, a 135 pesos, cuando los particulares lo tienen a 150. “No entiendo por qué está tan caro, porque eso se produce en Cuba”.
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En mitad de un desabastecimiento crónico y una inflación que no remite, y como parte de las nuevas medidas económicas, el Gobierno dictó a principios de agosto normas para incluir a los privados en un modelo mixto de comercio, lo cual ponía fin al monopolio estatal en las bodegas y los mercados mayoristas. Ello incluía la creación de mercados de abasto, como el de Sancti Spíritus recién inaugurado, y también Mercados de Barrio, con la promesa de un mejor surtido y precios más baratos.
Sin embargo, la leve diferencia de precio ha suscitado enormes críticas, incluso en la prensa estatal. Este mismo domingo, un artículo en la emisora de Matanzas Radio 26 arremetía: “Si el nombre fuera honesto, no se llamarían Mercados de Barrio. Se llamarían Mercados de Barrio Alto, Mercados de Zona Exclusiva, Mercados de Urbanización Privada o, simplemente, Mercados de Barrio Pudiente. Porque un establecimiento cuyos precios no puede pagar el vecindario no pertenece al vecindario: pertenece a otro estrato, a otra geografía social, a ese país paralelo donde la inflación no se mide en angustia, sino en comodidad”.
«Un establecimiento cuyos precios no puede pagar el vecindario no pertenece al vecindario»
En el texto, su autor, el notorio periodista oficialista José Miguel Solís, recuerda la “promesa” de poner a disposición de los consumidores “20 productos básicos con precios hasta un 15% inferiores a los de otros comercios privados”. Y prosigue: “La realidad, sin embargo, se estrella contra el bolsillo de jubilados y trabajadores”. De igual manera, denuncia la escasez y una “desigualdad” que “se vende como competencia”.
“La paradoja es evidente: se desmonta un sistema estatal que, con todas sus insuficiencias, garantizaba al menos una cuota regulada y se le sustituye por una red comercial cuyos precios dependen exclusivamente de la capacidad de pago”, asevera Solís. Y añade: “La libreta no resolvía la falta de alimentos, pero su desaparición tampoco ha traído abundancia”.
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Mientras tanto, protesta, “los gestores de estos mercados reciben bonificaciones del 5% en el impuesto sobre las ventas, exoneraciones fiscales para quienes comercialicen mayoristamente con entidades del sistema de Comercio Interior, y hasta dos años de arrendamiento gratuito de locales estatales, prorrogables si invierten”. Ello provoca, dice, un “contraste difícil de ignorar”: “el Estado renuncia a ingresos, pero esa renuncia no llega al bolsillo del consumidor. La supuesta reducción se queda en el camino”.
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