La Habana/Los estudiantes cubanos tendrán, sobre el papel, el derecho a expresar libremente sus opiniones, pero también estarán obligados a “defender los principios de la Revolución”. Esa es una de las contradicciones del anteproyecto de la nueva Ley de Educación, con el que el Gobierno pretende reemplazar la Ley 680 de 1959 y reunir en un mismo marco jurídico numerosas disposiciones hasta ahora dispersas. El documento, de 243 artículos, incorpora garantías para alumnos y profesores y abre nuevas posibilidades de participación al sector privado, pero conserva una de las características fundamentales del sistema educativo cubano: su subordinación total a la ideología oficial.
La apertura económica constituye una de las novedades más interesantes de la propuesta. Aunque el artículo 41 mantiene en manos del Estado la administración y financiación de las instituciones educativas, permite incorporar recursos procedentes de formas de gestión no estatal y de la cooperación nacional e internacional. El artículo 239 autoriza, además, a los organismos formadores a establecer mecanismos para generar ingresos complementarios, incluida la creación de fundaciones, empresas interfaz, micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y otras estructuras autorizadas.
No se trata de una posibilidad completamente ajena a la realidad actual. A finales de agosto, varias empresas privadas se comprometieron a apadrinar más de 50 escuelas en el municipio de Florida, Camagüey, para colaborar en reparaciones, pintura, limpieza y mantenimiento. La iniciativa, promovida por las autoridades locales, respondía a las dificultades del Estado para garantizar las condiciones materiales del curso escolar.
El anteproyecto cubano mantiene la administración de las escuelas en manos del Estado
Esto no equivale a autorizar la apertura general de colegios privados. El anteproyecto cubano mantiene la administración de las escuelas en manos del Estado. La reforma permite una mayor participación económica no estatal alrededor del sistema educativo, pero no establece una libertad general para crear centros escolares independientes.
En el terreno político, las disposiciones son igualmente explícitas. El artículo 11 reconoce el derecho de los estudiantes a formar y expresar libremente sus opiniones, a ser escuchados y a participar en las decisiones que les afectan. Sin embargo, el artículo siguiente, dedicado a sus deberes, les exige «defender los principios de la Revolución, preservando la independencia y seguridad nacional». El documento no aclara cómo se resolvería un conflicto entre ambas disposiciones ni qué ocurriría con un alumno que defendiera abiertamente ideas políticas contrarias al socialismo.
El anteproyecto recoge también obligaciones ideológicas para los profesores. El artículo 14 establece que el personal docente y no docente debe «defender la Patria Socialista, los principios de la Revolución y los valores de la sociedad cubana». Además, les exige mantener una preparación político-ideológica y actualizarse sistemáticamente sobre los acontecimientos nacionales e internacionales que incidan en su labor educativa. Otra disposición les impone mantener un comportamiento ético en las redes sociales, sin definir con precisión el alcance de esa obligación.
La exigencia de lealtad política tiene antecedentes explícitos. En 2019, la entonces viceministra de Educación Superior Martha del Carmen Mesa Valenciano defendió que los profesores universitarios debían actuar como activistas de la política revolucionaria. En su intervención, publicada en la página oficial del Ministerio, recurrió a una definición de Fidel Castro sobre el papel ideológico de los educadores y sostuvo que quien no compartiera ese compromiso debía renunciar a la docencia universitaria.
Durante más de seis décadas, los programas docentes, las organizaciones estudiantiles y las actividades escolares han estado vinculados a la defensa del régimen
La nueva norma especifica, además, sus fundamentos doctrinales. El artículo 6 dispone que el proceso educativo promoverá los valores e ideales nacionales sobre la base del pensamiento «martiano, fidelista, marxista y leninista». El artículo 50 incluye, además, al Comité Central del Partido Comunista de Cuba entre los organismos a los que se subordinan determinadas instituciones de la Educación Superior.
No se trata de que el adoctrinamiento político llegue ahora a las escuelas cubanas. Durante más de seis décadas, los programas docentes, las organizaciones estudiantiles y las actividades escolares han estado vinculados a la defensa del régimen. El nuevo anteproyecto hace malabares para reunir esas exigencias ideológicas en una nueva legislación que también proclama supuestos derechos individuales y el carácter “democrático y participativo” de la educación.
La comparación con otras legislaciones latinoamericanas permite apreciar las diferencias. En Argentina, el artículo 67 de la Ley de Educación Nacional reconoce a los profesores el derecho a ejercer la docencia sobre la base de la libertad de cátedra y de enseñanza. En Uruguay, el artículo 11 de la Ley General de Educación exige que los docentes faciliten el acceso a distintas fuentes de información, con amplitud y equilibrio de puntos de vista, para que los estudiantes formen su propio juicio.
La legislación uruguaya dispone, además, que se garantizará la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de conocimientos y creencias. El anteproyecto cubano, en cambio, no establece una garantía general equivalente de libertad de cátedra, aunque reconoce cierta “autonomía académica” en actividades específicas, como las tutorías y la dirección científica.
Otra diferencia con buena parte de América Latina se encuentra en la escolaridad obligatoria. Mientras Argentina, Chile y Uruguay la extienden hasta la culminación de la educación secundaria, el proyecto cubano la mantiene desde preescolar hasta noveno grado. Los niveles posteriores se presentan como una aspiración social que el Estado debe favorecer, pero no como una obligación para todos.
Las universidades tampoco quedan al margen de las exigencias ideológicas. La propuesta reconoce a sus estudiantes el derecho a participar en la gestión institucional, pero dentro de los «grados de autonomía relativa consensuada». Otra disposición condiciona esa autonomía a su coherencia con “los principios de la sociedad socialista”.
La crisis energética también ha puesto en peligro el funcionamiento cotidiano de los centros educativos
En marzo de este año, la Universidad Tecnológica de La Habana (Cujae) decidió no renovar el contrato del profesor Abel Tablada, después de que publicara comentarios críticos sobre decisiones económicas del Gobierno, según denunció el afectado. Su salida provocó protestas entre estudiantes y profesores de la Facultad de Arquitectura de la Cujae.
Entre las disposiciones favorables a los derechos estudiantiles figuran las garantías contra la violencia escolar, los mecanismos de denuncia y la protección frente a represalias. Sin embargo, buena parte de esos derechos ya estaban reconocidos en el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes de 2025. La futura ley desarrolla sus procedimientos y responsabilidades institucionales, más que establecerlos por primera vez.
El documento promete también condiciones laborales dignas para los profesores, alimentación escolar, materiales didácticos, accesibilidad y recursos tecnológicos, aunque no fija compromisos presupuestarios cuantificados para hacer efectivas esas garantías. La posibilidad de recurrir a ingresos empresariales y fuentes complementarias adquiere especial importancia en ese contexto. En agosto, la propia ministra de Educación reconoció que solo el 73% de las plazas docentes estaban cubiertas y que no podía garantizarse la presencialidad del curso escolar.
La crisis energética también ha puesto en peligro el funcionamiento cotidiano de los centros educativos. En mayo, la Unesco advirtió de que los apagones, la falta de combustible y el deterioro de los servicios básicos amenazaban la educación cubana, al dificultar la asistencia de alumnos y profesores y el desarrollo normal de las clases.
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