Madrid/El Ministerio de Energía y Minas ha decretado el cierre temporal del proyecto Polimetálicos Castellanos-Santa Lucía, en Minas de Matahambre, Pinar del Río. El proyecto lo explotaba la empresa mixta Minera del Caribe S.A. (Emincar), asociación de la estatal Geominera con la neerlandesa Trafigura.
La paralización, fijada hasta el 30 de enero de 2027, llega cuatro meses después de que Trafigura dejara de enviar a sus clientes el concentrado de zinc de la mina pinareña, por el temor a las sanciones de Washington sobre las empresas extranjeras vinculadas con el régimen cubano.
Aunque el cierre del proyecto minero fue anunciado este lunes, el decreto del Ministerio se publicó en la Gaceta Oficial el pasado 2 de octubre. La resolución 49 atribuye la decisión de cerrar la mina de Castellanos a “causas externas relacionadas con la logística, la exportación y el déficit energético” que impiden continuar la explotación del yacimiento y el procesamiento del mineral.
La noticia no ha caído bien entre los vecinos de la comunidad. En los comentarios al anuncio oficial lamentan la pérdida de empleo de “miles” de trabajadores y de los estímulos laborales adicionales que les otorgaba la empresa mixta. Según los testimonios en redes sociales, el proyecto había dado trabajo a muchos desempleados de la zona. Otros criticaron el daño medioambiental que causaba la industria y que se explotaran los recursos naturales sin que la población viera nunca los resultados de las ganancias, que se las llevaba solo el Estado.
La decisión de cerrar la mina de Castellanos a “causas externas relacionadas con la logística, la exportación y el déficit energético”
Castellanos tenía una capacidad de producción anual de unas 100.000 toneladas de concentrado de zinc y 50.000 de plomo, que se destinaban casi por completo al mercado chino. En junio, Trafigura comunicó a las fundiciones chinas que sustituiría esos cargamentos por otras fuentes, debido a la “creciente presión de Estados Unidos”. La empresa aseguró que seguía abasteciendo a sus clientes “cumpliendo las sanciones que le son aplicables”.
Aunque Trafigura no era objeto de las sanciones directas, la estatal cubana Geominera, que posee el 51% de las acciones de Emincar, sí fue sancionada directamente por la Oficina de Control de Activos de EE UU (Ofac) el pasado junio, al amparo de la orden ejecutiva de Donald Trump del 1 de mayo, que extiende la amenaza de penalizaciones a toda firma extranjera que comercie con las entidades sancionadas.
Junto al cierre del proyecto Castellanos, el Ministerio de Energía y Minas extinguió también la concesión de investigación geológica de la Empresa Geominera Pinar del Río en el área Arcilla Malcasado. La resolución 52 de 2026 declara que esa zona puede ser objeto de “nuevas solicitudes para actividades mineras”.
Junto al cierre del proyecto Castellanos, el Ministerio de Energía y Minas extinguió también la concesión de investigación geológica de la Empresa Geominera Pinar del Río en el área Arcilla Malcasado
La ofensiva de Washington sobre el sector minero de la Isla se enmarca en la presión que la Administración de Trump ejerce este año sobre el régimen cubano, exigiendo profundos cambios políticos y económicos en el país.
En este contexto, la Ofac ha sancionado también a Minera La Victoria, sociedad al 50% entre la australiana Antilles Gold y la cubana Geominera. La compañía australiana suspendió su participación en la gestión y la financiación, y el contratista chino detuvo el contrato de construcción de la mina de cobre y oro de Nueva Sabana, Ciego de Ávila.
Antilles ha propuesto al Departamento de Estado que inversores de EE UU compren al menos el 51% de su filial, para poder conseguir una licencia de la Ofac y continuar operando en la Isla. En agosto anunció un acuerdo vinculante con GEM Global Yield, un fondo con sede en Luxemburgo controlado por personas sujetas a la jurisdicción de EE UU, que adquiriría el 25% de la filial a la espera de que Washington dé su visto bueno.
En el mismo sentido, la canadiense Sherritt International, socia de Cuba en la planta de níquel y cobalto de Moa Nickel, en Holguín, paralizó sus actividades en la Isla en mayo, cuando Washington sancionó a la empresa conjunta. Sherritt suspendió el plan de retirarse cuando Gillon Capital, la firma de Ray Washburne –empresario texano cercano a Donald Trump–, se interesó en tomar el control de la compañía canadiense.
El 20 de octubre, Sherritt informó de que la Ofac le concedió una licencia para llevar combustible, fueloil y azufre a Moa. Es la primera de varias licencias de emergencia para reiniciar las operaciones. Sherritt firmó además un acuerdo provisional con Moa Bay Mining, titular de una reclamación certificada bajo la ley Helms-Burton sobre las propiedades de Moa, una demanda que complicaba las negociaciones para continuar explotando estas minas cubanas.
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