Embargo: El régimen cubano quiere frenar la pérdida de votos en la ONU

Madrid/Por trigésima cuarta vez, entre este martes 27 y mañana 28, Naciones Unidas vota la resolución presentada por Cuba contra el embargo de Estados Unidos. Como cada año, también, los medios oficiales de la Isla realizan todo un despliegue propagandístico en sus portadas, para apoyar el proyecto, que vuelve a llevar el título de Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Algo ha cambiado en esta ocasión, sin embargo: una presión mucho mayor por parte de la Administración de Donald Trump para lograr el voto en contra de la iniciativa castrista o la abstención.
La Habana, tal y como es habitual, dice que el embargo –firmado en 1962 por el entonces presidente John F. Kennedy tras las las expropiaciones masivas del incipiente régimen castrista–, al que llama sistemáticamente “bloqueo”, “constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todas las cubanas y cubanos” y “persigue el aislamiento, la asfixia, la inmovilidad de Cuba”.
Según las cuentas del régimen, incluidas en el informe que presenta ante la ONU, arrojan que entre marzo de 2025 y febrero de 2026, los daños del embargo ascendieron a 8.083,3 millones de dólares, “un 7% más que en el período anterior”, y que “a precios corrientes, las pérdidas acumuladas durante más de seis décadas alcanzan los 178.700,5 millones de dólares”. Para La Habana, de no haber sido por esa medida unilateral estadounidense, “el producto interno bruto cubano habría sido un 10,8% superior en 2025”.
El régimen no dice, en cambio, cuál es el valor de las múltiples empresas que confiscó a partir de 1959 sin indemnizar a sus legítimos dueños.
El régimen no dice, en cambio, cuál es el valor de las múltiples empresas que confiscó a partir de 1959 sin indemnizar a sus legítimos dueños. Frente a ello, no solamente la Administración estadounidense, sino numerosos especialistas, atribuyen el fracaso económico de la Isla al sistema socialista. En un documento presentado en Miami hace dos semanas por organizaciones del exilio cubano, por ejemplo, se asevera: “Durante décadas, el régimen comunista cubano ha utilizado esta votación anual para presentarse internacionalmente como víctima de una agresión extranjera y desviar la atención de su propia responsabilidad en la profunda crisis política, económica, social y humanitaria que padece nuestro país”.
El texto, titulado Llamado de la oposición prodemocrática cubana a los Gobiernos del mundo libre y democrático es una iniciativa para pedir el voto en contra de la propuesta castrista en la ONU. En él, se intenta desmontar la existencia de un bloqueo por parte de EE UU y se acusa al régimen cubano de haber gestionado de manera nefasta flujos de dinero y materias primas recibidas durante décadas desde la Unión Soviética y Venezuela. Además, toma los datos del comercio bilateral entre La Habana y Washington –autorizado por exenciones o al sector privado, según el caso– para negar que existan limitaciones y citan, expresamente, los envíos de combustible, que se pueden realizar –solo desde Estados Unidos– desde este enero y en ocho meses alcanzaron un valor a 231,74 millones de dólares.
Otro de los argumentos del exilio es el envío de ayuda humanitaria que el Departamento de Estado ha coordinado durante este año con la Iglesia católica para distribuir por la Isla. Este donativo comenzó con una partida de nueve millones de dólares prometidos tras el paso del huracán Melissa en octubre de 2025 y ha seguido con otra de 100 millones más en el marco de la crisis actual. Ambos han sido aceptados por el régimen, aunque acusando de “hipocresía” a Washington, al que culpó de “aplicar medidas coercitivas draconianas” mientras anuncia “sopa y latas de comida para unos pocos”.
De cara a la votación en la Asamblea General de la ONU, la oposición mencionaba explícitamente a Gobiernos de la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Noruega, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y las democracias latinoamericanas y pedían: “No otorguen al régimen cubano un respaldo político que posteriormente pueda utilizar para su propaganda y ocultar la ausencia de libertades dentro de Cuba”.
«No otorguen al régimen cubano un respaldo político que posteriormente pueda utilizar para su propaganda y ocultar la ausencia de libertades»
La cita era afín al mensaje transmitido por Marco Rubio al presidente salvadoreño Nayib Bukele en una llamada telefónica en la que, entre otros asuntos, le pidió el voto de su país contrario a la resolución cubana, cosa que también se cree que pidió al colombiano Abelardo de la Espriella.
Las informaciones llevaron a reaccionar al régimen cubano, que se pronunció mediante la cuenta en X de su canciller, Bruno Rodríguez: “El secretario de Estado de EE UU, nervioso y ansioso frente a otra nueva derrota en Naciones Unidas, está presionando y chantajeando a jefes de Estado y Gobierno de varios países para que cambien su voto contra el bloqueo en la Asamblea General de la ONU”.
El vicecanciller, Carlos Fernández de Cossío, fue aún más lejos y lamentó que, “en el año de mayor reforzamiento de la guerra económica”, EE UU busque “culpar al agredido, desacreditar a la víctima e intentar así cambiar una posición que la comunidad internacional ha sostenido histórica e inconfundiblemente en rechazo al bloqueo económico”. Además, agregó que Rubio “anda zancaneando [sic] de país en país y llamando por teléfono a mandatarios en desesperado esfuerzo de intimidar, chantajear y prometer zanahorias a Gobiernos de todas las latitudes”.
A finales de septiembre, un documento obtenido por Associated Press y confirmado por varios funcionarios a la agencia reveló que el Departamento de Estado de EE UU tenía planes para imponer “controles más estrictos” a los funcionarios cubanos que viajaran a Naciones Unidas para la votación de la resolución, aunque esto no tiene implicaciones prácticas, ya que la delegación permanente de La Habana en Nueva York es una de las más numerosas, con 47 funcionarios, según la ONG Archivo Cuba.
El régimen cubano ha logrado históricamente el apoyo de la Asamblea a esta resolución, siendo su mejor año 2016, justo en la época del deshielo impulsado por el entonces presidente Barack Obama, cuando no obtuvo ningún voto en contra y el texto salió adelante con solo dos abstenciones, la de EE UU e Israel –que siempre habían votado en contra–. Desde entonces, y aunque el respaldo sigue siendo abrumador, la pérdida de votos es visible. En 2025, la propuesta salió adelante con 165 votos a favor, siete en contra y doce abstenciones, el peor resultado hasta la fecha.
Este lunes, durante una teleconferencia de prensa, Rubio afirmó que “Cuba es un caso muy distinto a Venezuela” y que “necesita un cambio drástico”
El debate este año estará condicionado por la crisis energética agudizada por el bloqueo petrolero impuesto por Washington desde su intervención en Venezuela, en enero, que ha recrudecido los apagones y la falta de servicios públicos como el suministro de agua potable. No es menor el escenario de tensiones entre La Habana y Washington, que pese a los contactos reconocidos por ambos Gobiernos, no han logrado acuerdos tangibles.
Este lunes, durante una teleconferencia de prensa, Rubio afirmó que “Cuba es un caso muy distinto a Venezuela” y que “necesita un cambio drástico”. Y recalcó, sin dar detalles: “La situación es muy diferente, y lo dejaré ahí”.
El pasado viernes, Rubio invitó a “quienes buscan generar un cambio positivo en Cuba” a iniciar “una colaboración discreta con la CIA”, y al día siguiente, la propia agencia de inteligencia publicó una guía de siete pasos dirigida a los cubanos que quieran contactar con el organismo de forma segura y anónima.
El texto que acompañaba la publicación en Instagram era explícito: “La CIA quiere saber la verdad acerca de Cuba, y estamos buscando personas de confianza que sepan y que puedan comunicarnos esta verdad. Su información puede ser más valiosa de lo que piensa”.
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