La Habana/El endurecimiento de la represión en Cuba ha dejado un nuevo récord de presos políticos en julio. De acuerdo con el más reciente informe de la organización Prisoners Defenders (PD), en las cárceles cubanas hay 1.327 personas tras las rejas por motivos políticos, entre los que destaca Alex Javier Hernández González, un menor de 13 años.
“La represión alcanza a un niño golpeado y encarcelado”, indica PD en el reporte publicado este miércoles. El menor fue detenido sin orden de arresto ni tutela judicial el pasado 22 de julio tras las protestas ocurridas en Santiago de Las Vegas, Boyeros, en La Habana. Según denunció su madre, el adolescente caminaba por la vía que comunica a ese poblado con Wajay, a la altura del Reparto Mulgoba, cuando agentes policiales, con motivo de las protestas, comenzaron a perseguir y detener a las personas que permanecían en los alrededores.
Alex Javier “se encontraba observando lo que sucedía e intentó alejarse al advertir la presencia de los agentes, pero fue alcanzado rápidamente. Su madre denunció que cuatro policías uniformados lo golpearon en la cabeza, el cuello y la espalda. Durante la agresión, el menor suplicaba: ‘no me den más, soy un niño’. Cuando posteriormente pudo verlo, la mujer constató las lesiones y encontró a su hijo llorando y pidiendo que llamara a su padre”, señala la ONG.
Tras su detención, fue llevado a la estación policial de Calabazar. Pese a que debía ser llevado a un policlínico para elaborar un certificado médico de las lesiones sufridas, los policías suspendieron su traslado con el argumento de que “faltaba una firma”. “Paralelamente, intentaron responsabilizar de los golpes a los manifestantes, una versión que el propio menor contradijo al identificar a cuatro policías uniformados como autores de la agresión”, remarca PD.
“Intentaron responsabilizar de los golpes a los manifestantes, una versión que el propio menor contradijo al identificar a cuatro policías uniformados como autores de la agresión”
Por ahora, Alex Javier permanece en la prisión denominada El Combinadito, un centro penitenciario para menores administrado por el Ministerio del Interior en Guanabacoa. Su detención se produjo sin orden de arresto ni tutela judicial alguna, y no se conocen públicamente los cargos formulados en su contra ni la decisión adoptada por las autoridades sobre su situación.
El menor fue una de las 36 nuevas incorporaciones a la lista de Prisoners Defenders, 15 de ellas vinculadas a protestas, en un mes marcado por el quinto aniversario de las protestas masivas del 11 de julio de 2021. De esos casos, 13 se concentraron en el oriente y centro-oriente del país, donde los apagones prolongados, la falta de agua y el colapso de otros servicios esenciales han sido el caldo de cultivo para que la población protagonice nuevos cacerolazos y manifestaciones.
Las detenciones, según la organización, afectan a un mosaico amplio de la sociedad: manifestantes, artistas, periodistas, activistas y personas que simplemente ejercieron actos de solidaridad.
Prisoners Defenders además informó que la persecución “tampoco se limitó a quienes salieron a las calles. Dos artistas fueron detenidos por protagonizar y grabar un performance contra los apagones; otros activistas fueron encarcelados por denunciar la crisis y convocar movilizaciones, y creadores digitales fueron investigados por difundir contenidos críticos”.
Además, continúan observándose patrones de desnutrición, torturas y privación de atención médica entre quienes permanecen encarcelados: 459 presos políticos padecen patologías médicas graves, alertó la organización con sede en Madrid.
Continúan observándose patrones de desnutrición, torturas y privación de atención médica entre quienes permanecen encarcelados
El informe resalta también la reciente promulgación del Decreto 160/2026, que prohíbe las publicaciones periódicas y la actividad informativa a todos los actores económicos no estatales, cerrando legalmente cualquier resquicio a la prensa independiente ya en la práctica perseguida.
El documento hace hincapié en la utilización, cada vez más frecuente, de la expatriación forzosa. Ejemplo de esto son los casos de Luis Manuel Otero Alcántara, deportado tras cumplir la totalidad de su condena; Yosvany Rosell García Caso, al que la administración penitenciaria comunicó que sería “enviado fuera de Cuba”, un hecho que la familia denuncia como una violación a su derecho a permanecer en el país, y Roilán Álvarez Rensoler, cuya liberación depende de que sus familiares le compren un pasaje para abandonar Cuba.
“La salida del país se presenta como única alternativa para recuperar la libertad”, apunta Prisoners Defenders. El exilio, subraya el informe, “añade el desarraigo, la separación familiar y el apartamiento de una voz crítica del territorio nacional”.
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