La Habana/Ni dos meses ha durado la propuesta del Gobierno cubano de eliminar los precios topados “de manera general” como parte de las medidas para liberalizar la exangüe economía del país. Ante la inflación galopante, las autoridades de varias provincias han decidido reintroducir los controles, además de multiplicar las inspecciones y las multas. Artemisa, Matanzas y Holguín han dado un paso más al imponer un límite del 30% a los beneficios sobre las ventas, como lo había hecho en algún momento el Gobierno central.
En Artemisa, esta última disposición entró en vigor este mismo miércoles, al día siguiente de difundirse un comunicado en la prensa provincial. La resolución, tomada según la nota oficial “en respuesta a la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sobre los precios y contener las prácticas especulativas en beneficio de la población”, establece “de manera obligatoria” un margen comercial del 30%, tanto para mayoristas como para minoristas.
Ese porcentaje, recalcan las autoridades, “se aplicará por una sola vez sobre el costo total del producto”. Y repiten: “La resolución especifica expresamente que no se podrá adicionar un nuevo margen de ganancia en etapas posteriores de la cadena de comercialización, con el propósito de cortar el encadenamiento de intermediarios que encarece el precio final al consumidor”.
El “ejercicio”, dice el diario oficial, pretende “influir en la disminución de precios especulativos, promover la utilización de canales de pago digitales y el uso de cualquier denominación de moneda en el proceso de venta”
En Matanzas no solamente se ha dispuesto la restricción a los beneficios, sino que, desde el lunes, día en que inició un operativo en toda la provincia, ya se han impuesto 60 multas por la violación de la medida, además de cerrarse siete locales. “Entre las principales ilegalidades detectadas destacaron la no certificación de pesas utilizadas para el expendio de productos; la inexistencia de contratos con trabajadores; errores en las pizarras informativas e incumplimiento de los precios referenciales”, indicaba en una nota el periódico Girón.
El “ejercicio”, dice el diario oficial, pretende “influir en la disminución de precios especulativos, promover la utilización de canales de pago digitales y el uso de cualquier denominación de moneda en el proceso de venta”. Noel Sánchez Roque, funcionario del gobierno matancero, ve incluso demasiado generoso el tope al 30% de beneficios. “No se corresponde con el escenario internacional, donde estos márgenes no superan el 15%, pero hay que respetar lo aprobado por el país”, opinó.
Una resolución similar se ha establecido en Holguín, donde el gobierno provincial justifica la medida para “frenar la especulación y proteger a las familias holguineras”. En su comunicado, publicado en redes sociales el martes, exponía también una larga lista de alimentos y productos “sujetos a control”: cárnicos (pollo, salchichas, picadillo y embutidos), huevos, leche en polvo, arroz importado, pasta, frijoles importados, azúcar importada, aceite, jabón y detergente.
Asimismo, informaba de la creación de “grupos de trabajo” con el objetivo de vigilar “la correcta aplicación de la política de precios mayoristas y minoristas”. “¡No es topar precios!”, decía el comunicado entre exclamaciones y en mayúsculas. “¡Es velar por la correcta aplicación del margen comercial!”, insistía el texto. La explicación: “El grupo de trabajo no fija un precio único de venta. Lo que hace es garantizar que el margen de ganancia para productos de primera necesidad no supere el 30%. Cualquier intento de especular por encima de ese límite será considerado una violación de la política de precios y será sancionado con todo el peso de la ley”.
“Hay dos variantes: o aparecen las cosas súper caras o se pierden”
Los holguineros, exhaustos, han recibido la noticia con escepticismo, y entre ellos, asegura, se ha extendido la impresión de que solo están recibiendo inspecciones los trabajadores por cuenta propia (TCP) situados en pequeñas comunidades o barrios apartados, y no empresas privadas de más envergadura. La razón, cuenta José a 14ymedio, “es que se dice que la inmensa mayoría de las mipymes que hay en Holguín son de testaferros al servicio de funcionarios del gobierno”.
Por lo demás, José reconoce que el tema de los precios en su provincia “es un caos”. Y dice: “Hay dos variantes: o aparecen las cosas súper caras o se pierden”. Al respecto pone dos ejemplos: el del cartón de huevos a 5.000 pesos –que, importados, muchas veces llegan podridos– y el del aceite, que “está desaparecido”.
El tumulto organizado en La Habana el martes, ante un comercio que ofrecía la botella de aceite de girasol a 2,40 dólares –unos 1.600 pesos al cambio actual,cuando se llega a encontrar a 6.000 pesos en el mercado informal– evidencia una circunstancia generalizada en todo el país.
En la capital también se ha emprendido una “ofensiva contra ilegalidades”. El periódico Tribuna de La Habana da los nombres de los comercios inspeccionados: Santi –en 26 y 41–, Home Deli –en la calle 12–, Fress –en la Plaza de Carlos III–, El Esquinazo –en Zapata y 4–, Las Duras –en 23– y “una mipyme ubicada en 21 esquina a Crecherie”.
En el operativo detectaron “productos de primera necesidad con precios especulativos”, limitaciones a “canales de pagos electrónicos” y “comercialización de mercancías vencidas o próximas a vencer, incluidas destinadas al consumo infantil”. Como resultado, concluye la nota, “se aplicaron multas, se dispusieron ventas forzosas y se paralizaron actividades en los casos considerados de mayor gravedad”.
“Los topes de precios, en la práctica, no lograron contener la inflación: muchas veces provocaron desaparición de productos, desvíos hacia la ilegalidad, mayores precios»
La advertencia de los controles ha espantado a los comercios de todos los barrios. Desde Luyanó, una vecina informa: “Las mipymes del barrio están todas desabastecidas de productos básicos, dice la gente que han escondido las cosas, porque desde ayer están los inspectores por aquí”.
El pasado junio, como parte de las reformas de liberalización de la economía, el Gobierno eliminó los precios topados para el aceite, el pollo, la leche en polvo, entre otros, después de reconocer que los controles no habían alcanzado sus objetivos. El propio presidente, Miguel Díaz-Canel, declaró en una comparecencia pública: “Los topes de precios, en la práctica, no lograron contener la inflación: muchas veces provocaron desaparición de productos, desvíos hacia la ilegalidad, mayores precios, menos recaudación de impuestos y una carrera imposible entre precios reales y decisiones administrativas que siempre llegaban tarde”.
Sin embargo, según la normativa, los Consejos de la Administración Municipal (CAM) conservan la facultad legal de aprobar o mantener topes de precios en sus territorios, amparados en la autonomía municipal que les otorga la Constitución y la propia legislación del Ministerio de Finanzas y Precios. Es a ello a lo que se han acogido los territorios provinciales para revertir las propias medidas liberalizadoras del Estado cubano.
El resultado de estas restricciones será, previsiblemente, el mismo que el pasado: nulo y contraproducente. La subida de precios no se explica únicamente por la eliminación del tope hace dos meses. Cuba depende casi por completo de las importaciones para ciertos productos, pero cada vez tiene menos capacidad para pagarlas.
A la falta de divisas se suma las dificultades para introducir mercancías en la Isla: en mayo, las navieras Hapag-Lloyd y CMA CGM suspendieron las entregas a Cuba tras la orden ejecutiva de Estados Unidos que endureció las restricciones sobre el transporte marítimo hacia la Isla, llegando a sancionar incluso a la terminal de carga de Mariel.
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