Cuba: En otra redada en el mercado de 17 y K

La Habana/La Policía y los inspectores municipales volvieron este viernes a los alrededores del mercado de 17 y K, en El Vedado habanero, donde decomisaron alimentos, productos de aseo y pesas digitales a vendedores acusados de cometer ilegalidades. No se conformaron con llevarse la mercancía: hasta las carretillas en las que los comerciantes transportaban sus productos terminaron confiscadas. La operación, encabezada por el presidente del Consejo Popular Rampa, Pedro Lizardo Garcés Escalona, terminó con ocho multas por un total de 103.800 pesos.

Según se jactó en Facebook el Consejo de la Administración de Plaza de la Revolución, los policías –autotitulados “héroes de azul” en sus redes oficiales–, inspeccionaron nueve puntos de venta, de los cuales solo dos pudieron demostrar su legalidad. El despliegue tuvo además su dosis de persecución: cuatro comerciantes salieron huyendo al ver acercarse a los agentes, mientras otros dos fueron capturados por vender productos considerados ilegales, pese a que ya “estaban advertidos y circulados”.

Las carretillas ya habían sido blanco de otro operativo en diciembre de 2025, cuando la Policía retiró otras cuatro e impuso diez multas por 173.000 pesos. En marzo de 2024, una inspección encabezada también por Garcés terminó con la detención del administrador del mercado tras descubrirse la desaparición de 1.293 libras de papa destinadas a 431 consumidores.

El inventario de los decomisos incluyó esta vez, según la nota oficial, 16 pomos de aceite de 900 mililitros, 23 paquetes de detergente, 19 jabones de lavar, 13 de baño, café, refrescos en polvo y productos agrícolas. Entre estos últimos figuran casi 46 libras de papa, 52 de cebolla morada, 35,5 de limón y 59 aguacates. “Durante el control popular fueron detectadas además varias pesas digitales, encendidas y marcadas en unidades inferiores a la libra, lo que evidenció la intención de engañar al consumidor”, asegura la publicación.

De acuerdo con la versión oficial, la mercancía fue destinada a las escuelas Arturo Montory Céspedes y Orlando Pantoja Tamayo, así como al Sistema de Atención a las Familias El Rampeño. No publicaron, sin embargo, evidencia documental que permita comprobar las entregas.

De acuerdo con la versión oficial, la mercancía fue destinada a las escuelas Arturo Montory Céspedes y Orlando Pantoja Tamayo, y al Sistema de Atención a las Familias El Rampeño

“El problema está ahora en el inventario de productos entregados a esas instituciones, el seguimiento y control de los mismos, su destino final”, escribió el usuario Rolando Carpio Crespo en los comentarios de la publicación oficial. “Sé de qué hablo”, añadió, convencido de que el descontrol en esos centros viene de años atrás.

No faltan antecedentes para alimentar las dudas. En septiembre de 2025, una empresa estatal de Las Tunas perdió 250 kilogramos de productos cárnicos, entre ellos unos 50 kilos de carne de res decomisada por la Policía. Su director admitió que las confiscaciones pasaban horas sin refrigeración antes de llegar a la entidad. Los alimentos, inutilizados tras un apagón de 26 horas, terminaron incinerados.

Pero lo que más cuestionaron los usuarios fue el despliegue policial contra quienes venden alimentos mientras crece la preocupación por los delitos violentos. “¿Y los ladrones y asaltadores para cuándo?”, preguntó José González. Julio César reclamó que se persiguieran el tráfico de drogas y los robos en lugar de impedir la venta de comida, porque “el Gobierno no tiene comida para el pueblo”.

Las cifras del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana respaldan esa preocupación por la inseguridad. En 2025, la organización documentó 2.833 delitos, un 115% más que en 2024, incluidos 1.536 robos. Por su parte, Cubalex registró 52 homicidios en agosto de este año, un aumento significativo respecto a los 37 documentados en julio.

En La Habana, durante otra ofensiva contra los carretilleros, a finales de 2015, las frutas, viandas y vegetales confiscados fueron vendidos posteriormente en mercados agropecuarios estatales y puntos de venta del Ejército Juvenil del Trabajo. 

“Esas cosas no son robadas. Son compradas a proveedores que bien caros las venden”, comentó una usuaria

Otros lectores cuestionaron los argumentos oficiales. “Esas cosas no son robadas. Son compradas a proveedores que bien caros las venden”, defendió Yusmaris Fernández Lamoth. “Nos estamos matando entre nosotros mismos”, lamentó. Ana Rosa Torres pidió actuar contra los mayoristas para conseguir mejores precios, porque “todos nos están dando con el cinto y además con la hebilla”.

Daniel García Valdés fue más lejos al acusar a los inspectores de quedarse con parte de los productos confiscados: “A eso súmale lo que se llevaron los inspectores”, escribió. La denuncia concuerda con la de un propietario de una mipyme de Regla, que en febrero aseguró que los funcionarios le exigían dinero o mercancías a cambio de rebajar las multas. “Vienen dos y hasta tres inspectores juntos, y a cada uno le tienes que dar su tajada”, relató.

“¿Y por qué también no van a Comunales a ver por qué no se recoge la basura todos los días?”, cuestionó otro usuario

“¿Y por qué también no van a Comunales a ver por qué no se recoge la basura todos los días?”, preguntó Reinier Álvarez, quien extendió sus críticas a los servicios de Salud y Transporte. La pregunta tiene un destinatario cercano: Garcés, impulsor del proyecto El Rampeño, que debía aliviar la acumulación de desperdicios en El Vedado con 30 triciclos eléctricos y una estación de carga solar.

El propio funcionario reconoció en agosto que no había podido cumplir lo prometido. Este mismo viernes, una comprobación de 14ymedio mostró a dos trabajadores del proyecto recogiendo desperdicios con las manos en el parque de 19 y M, sin escobas ni recogedores. La flota había crecido hasta unos 15 triciclos, todavía la mitad de los anunciados.