EE UU-Cuba: La antigua Compañía Cubana de Electricidad demanda a la UNE y Energas
Madrid/La Compañía Cubana de Electricidad (Cuban Electric Company, CEC), con sede en Florida, presentó el 29 de julio una demanda contra la Unión Eléctrica (UNE) y Energas ante el Tribunal del Distrito de Columbia, en Estados Unidos. La CEC sostiene que ambas empresas estatales cubanas se han beneficiado durante décadas de instalaciones que le fueron confiscadas por el Gobierno de Fidel Castro en 1960 y reclama, al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton, el pago de 267,6 millones de dólares, además de los intereses acumulados del 6% anual desde la confiscación.
La demanda cita la resolución ante el Tribunal Supremo del caso Exxon Mobil contra Cimex y Cupet, una sentencia que marcó un precedente para este tipo de litigios al concluir que las empresas estatales cubanas no pueden invocar la inmunidad soberana para evitar demandas presentadas bajo la Ley Helms-Burton. Ese fallo eliminó uno de los principales obstáculos procesales para reclamar por bienes nacionalizados y ha abierto la puerta a nuevas acciones judiciales contra entidades controladas por el Estado cubano.
La demanda alude también a la canadiense Sherritt International, puesto que posee un tercio del capital de Energas junto con la UNE y la Unión Cuba-Petróleo (Cupet). Aunque Sherritt no figura entre los demandados, el litigio cuestiona la legalidad del uso de la infraestructura sobre la que opera la compañía canadiense.
La Compañía Cubana de Electricidad sostiene que tanto la UNE como Energas han incurrido en «tráfico» de propiedades confiscadas, el término que emplea la legislación estadounidense para describir la utilización y explotación comercial de bienes nacionalizados sin autorización de sus propietarios.
/ Revista de Arquitectura y Urbanismo
Antes de 1959, la empresa era el principal suministrador de electricidad de la Isla y operaba más del 90% de la generación, transmisión y distribución en todo el país. Tras la nacionalización decretada el 6 de agosto de 1960, perdió todos sus activos sin recibir indemnización.
Según la demanda, gran parte de esa infraestructura continúa siendo hoy la base del sistema eléctrico nacional de Cuba. Entre los bienes mencionados figuran la termoeléctrica Antonio Maceo (Renté), en Santiago de Cuba; la central Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos; la subestación Melones y la ahora desmantelada planta de Tallapiedra, en La Habana, además de la red nacional de transmisión y el sistema de distribución de gas de la capital.
La empresa sostiene que la UNE sigue explotando comercialmente esos activos y obteniendo ingresos de ellos. En el caso de Energas, argumenta que su actividad depende de esa misma infraestructura
La empresa sostiene que la UNE sigue explotando comercialmente esos activos y obteniendo ingresos de ellos. En el caso de Energas, argumenta que su actividad depende de esa misma infraestructura: afirma que la empresa genera electricidad que se incorpora al sistema nacional mediante una red de transmisión construida por la antigua Compañía Cubana de Electricidad y que procesa gas natural que luego se distribuye utilizando el sistema de tuberías de La Habana instalado antes de 1960.
El documento añade que Cupet suministra gratuitamente a Energas el gas natural que procesa la empresa mixta, un elemento que, a juicio de la demandante, demuestra el control que ejerce el Estado cubano sobre sus operaciones. Por ese motivo, la CEC sostiene que tanto la UNE como Energas actúan como una prolongación del propio Estado cubano (un “alter ego”) y deben responder por la explotación de los bienes nacionalizados.
La base económica de la reclamación es una certificación emitida en 1970 por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras (Foreign Claims Settlement Commission) de Estados Unidos, que fijó el valor de los bienes confiscados en unos 267.56 millones de dólares. Sobre esa cantidad, la empresa solicita ahora la aplicación de los daños triples previstos por el Título III de la Ley Helms-Burton, además del interés anual del 6% acumulado desde la fecha de la confiscación.
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