Madrid/El programa del oficialismo Razones de Cuba emitió este lunes un nuevo reportaje sobre la incursión de una lancha procedente de EE UU en aguas de Villa Clara el pasado febrero por la que los cinco supervivientes enfrentan cargos de terrorismo, tenencia de armas y delitos contra la navegación marítima en la Isla. El delito puede suponer 30 años de cárcel, prisión a perpetuidad o pena de muerte, aunque esta última lleva 23 años sin aplicarse.
El reporte arrojó escasas novedades, una de ellas la vinculación de este caso con el de Ardenys García Álvarez, detenido en 2024 por encabezar un “plan terrorista contra Cuba, organizado y financiado desde los Estados Unidos”, y desarticulado por la Policía y las Fuerzas Armadas. El régimen afirma ahora que García Álvarez, preso desde su intento de entrar ilegalmente a la Isla en una moto acuática con varias pistolas y acusado de un delito de “terrorismo”, había sido captado por Leordán Enrique Cruz Gómez, uno de los detenidos por los hechos de febrero de 2026.
Tanto él como Amijail Sánchez González están incluídos, recordó el programa este lunes, en la lista de terroristas elaborada por el régimen cubano. El primero, que intervino en una entrevista publicada en EE UU hace casi un mes y que contó con la participación de tres detenidos más, está señalado por haber “promovido y financiado ataques con cócteles molotov contra el Tribunal Municipal Popular de Centro Habana, contra la sede de los CDR Provincial en La Habana, el corte del cable de fibra óptica en Sierra de Cubitas, Camagüey, y varios incendios de cañaverales y sedes de comités militares en la provincia de Cienfuegos”.
Tanto él como Amijail Sánchez González están incluídos, recordó el programa este lunes, en la lista de terroristas elaborada por el régimen cubano
En las declaraciones que ofreció al periodista Ryan Grim para Drop Site News, Sánchez González fue el que más combativo se mantuvo, y llegó a sostener que preferiría pudrirse en prisión “antes de dejar que entre una sola gota de petróleo a este país”.
Cruz Gómez, por su parte, “reclutó a cubanos residentes en Estados Unidos y los entrenó con el fin de ejecutar una intervención armada”, advierte Razones de Cuba, una acusación que pesaba sobre él a la hora de ser incluido en la lista antiterrorista del Gobierno, pero de la que se desconocían ejemplos concretos como el que ahora le atribuyen. En la emisión se incluyeron imágenes del programa en que García Álvarez se autoinculpó de su incursión en moto acuática y declaró haber formado parte de La Nueva Nación Cubana en Armas y estar entre los atacantes del Archivo del Tribunal Municipal Popular de Centro Habana en agosto de 2022. Aunque en esa ocasión facilitó varios nombres, no surgieron los de Gómez Cruz ni Sánchez González.
Durante los escasos 14 minutos de reportaje se detallaron algunos aspectos, más o menos conocidos ya de los hechos del 25 de febrero, cuando diez individuos organizados desde Florida intentaron entrar en la Isla más para –según su propia versión– encender “una chispa”, que para acabar ellos solos con el régimen cubano. Uno de los nuevos detalles que trascendió es que el grupo no venía en una sola lancha, sino dos, y que cuando una se averió tuvieron que subir todos en la misma.
La lancha –robada en EE UU– fue avistada por un guardafronteras la madrugada del 25 de febrero en Aguas de Villacara, a 3,7 millas al oeste de Bahía de Cádiz en el municipio de Corralillo. El grupo, siempre según la versión oficial –que divulgó imágenes de lo incautado– llevaba once armas largas, 15 pistolas, cócteles molotov, niples con sustancias explosivas, walkie talkies, teléfonos satelitales y una estación de internet Starlink. Cuatro personas murieron durante el intercambio de disparos, en el que un oficial cubano salió herido. Posteriormente falleció otro de los activistas, en un hospital cubano, mientras los supervivientes ingresaron en prisión.
Razones de Cuba insiste en implicar a Maritza Lugo Fernández, –ex presa política y plantada, residente en Estados Unidos– que les facilitó una pequeña finca en Florida como campo de entrenamiento. Cristian Ernesto Acosta Guevara, uno de los acusados, subraya esta línea, y comenta que ya conocía a algunos de los implicados restantes, pero a otros los comenzó a tratar en la casa de Lugo, donde se reunían para planificar y entrenar.
“Ya yo llego ahí y aparece Leordán, vestido de militar, con casco, chaleco antibalas, todo eso. Y ahí nos movimos un poquito más para adentro y ahí estaba el grupo. Estaban Raúl, Pupo, Héctor, Javier, que fue con nosotros, Ortega, Leo, Roberto y José. Se habían preparado hace mucho tiempo ahí para esa acción. Una AKM, muchas pistolas y se veía que tenían potencia», afirma, mientras se muestran imágenes que parecen apoyar su testimonio.
«Se habían preparado hace mucho tiempo ahí para esa acción. Una AKM, muchas pistolas y se veía que tenían potencia»
«Hace más de 40 años que ese régimen me acusa de ser terrorista, de todo lo que se le ocurra. Yo vengo haciendo actividades contra la dictadura de Cuba desde que estaba en Cuba y cuando vine aquí a Estados Unidos también empecé», afirma la propia Lugo en un fragmento de un programa de Martí Noticias insertado para el caso. También aparece en similares circunstancias Roberto Azcorra Consuegra, uno de los presuntamente implicados –y a quien las autoridades cubanas llegaron a confundir con uno de los fallecidos, aumentando la confusión inicial– reivindicando la lucha contra la dictadura.
“Los imputados confesaron que su misión al infiltrarse era tomar unidades militares y entregar armamento al pueblo para organizar un levantamiento contra el Gobierno cubano que provocara una intervención militar del Gobierno estadounidense”, dice la voz en off antes de insertar las declaraciones de Cruz Gómez –al que se ve vendado y hospitalizado, de lo que se deduce que se produjeron pocos días después de los hechos–: «La visión fue siempre poder controlar un área y que el pueblo saliera a protestar». También se incluye un audio del mismo acusado, previo a los hechos, en el que afirma que contactó con Ardenys García Álvarez para recomendarle que colaborara con las autoridades cubanas. “Para mí, mi opinión personal, hizo bien en compartir información pública y así se quitó la pena de muerte de arriba».
También se acusa a Duniel Hernández Santos, implicado en el caso, de haberse autodeportado presuntamente para infiltrarse sin llamar la atención en Cuba. De hecho, el oficialismo considera que esta está siendo una técnica empleada por el Gobierno de EE UU para introducir en Cuba y Venezuela “a personas con fines desestabilizadores”.
Hernández Santos afirma a la cámara que los planes eran entrar simultáneamente en la unidad de Guardafronteras en Varadero y la unidad de Policía en Santa Marta (separadas por algo más de 2 km) para repartir armas a la población e incitar a un levantamiento. «Según ellos, ellos venían a liberar a Cuba», dice.
El oficialismo destaca la impunidad con la que «personas y organizaciones designadas como terroristas por las autoridades cubanas” pudieron prepararse “con tantos medios abiertamente en territorio de los Estados Unidos, sin que las autoridades actúen de manera alguna para impedirlo». Además, advierte de que el Ministerio del Interior mantiene la alerta máxima y “no se tolerará ningún intento de desestabilización mediante la violencia”.
A pesar de las acusaciones que lanza contra las autoridades estadounidenses, el reportaje acaba destacando que la causa aún sigue abierta, pero que sus homólogos al otro lado del Estrecho “están al tanto de todos los detalles de la investigación, pues se les han entregado los elementos recabados durante el proceso”.
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