Madrid/El Ministerio de Justicia de Cuba habilitó este jueves la solicitud de certificados de antecedentes penales a través de la plataforma digital Soberanía, una alternativa que permite iniciar el trámite, realizar el pago, consultar su estado por internet y recibir el documento en formato digital, sin acudir de entrada a las oficinas del Registro Central de Sancionados.
La nueva opción puede aliviar, en teoría, las gestiones de quienes necesitan acreditar sus antecedentes penales para solicitar visados, tramitar permisos de residencia o resolver otros procedimientos administrativos.
Las largas esperas en los registros civiles para obtener documentos como partidas de nacimiento, matrimonio y antecedentes penales se han agravado con el aumento de las solicitudes vinculadas a la emigración. Este diario ya ha documentado las extensas colas para obtener certificaciones del Registro Civil y las demoras de más de cuatro meses para la emisión de pasaportes.
El servicio que ahora ha habilitado el Ministerio de Justicia, disponible en soberanía.gob.cu, exige que el solicitante disponga de una Identidad Digital Certificada. Una vez identificado en la plataforma, debe seleccionar el procedimiento, completar el formulario y abonar el importe correspondiente mediante los medios de pago electrónicos habilitados.
El Ministerio asegura que el documento emitido digitalmente tendrá la misma validez jurídica que el certificado en papel. Para comprobar su autenticidad, incluirá la firma electrónica certificada del registrador, un código del caso y un PIN.
Los antecedentes penales se han convertido en uno de los documentos más solicitados por los cubanos que preparan su salida del país
Los antecedentes penales se han convertido en uno de los documentos más solicitados por los cubanos que preparan su salida del país. El propio Ministerio de Justicia ha reconocido un «notable aumento» de las peticiones y amplió de seis meses a un año la vigencia de las certificaciones, ante la demanda vinculada a los trámites migratorios.
Para el proceso de regularización extraordinaria en España que impulsó el Gobierno de Pedro Sánchez este año, el certificado de antecedentes penales era crucial, puesto que era uno de los pocos requisitos necesarios para las decenas de miles de cubanos que podrían beneficiarse. Era uno de los puntos que más preocupaba a los naturales de la Isla, entre otros motivos por la tradicional dilación del Gobierno cubano al aportar documentación, ya sea por problemas organizativos y logísticos o de manera interesada, con el fin de obstaculizar trámites. El plazo para presentar las solicitudes terminó el 30 de junio y, según los datos publicados al cierre del proceso, 10.969 cubanos solicitaron acogerse a la medida, dentro de un total de 1.174.978 peticiones registradas en España.
El Ministerio de Justicia de Cuba presenta ahora el nuevo servicio como una forma de “facilitar el acceso a servicios esenciales reduciendo la burocracia, los tiempos de espera y los desplazamientos innecesarios para la población”. Las autoridades también aseguran que el procedimiento digital podrá utilizarse sin consumir datos móviles y que los usuarios recibirán notificaciones durante las distintas fases del procedimiento.
Para “quienes no tengan conexión o encuentren dificultades para manejar las herramientas digitales”, el Ministerio recomienda la asistencia de “la red de Joven Club de Computación y Electrónica, y los miembros de la Unión de Informáticos de Cuba”.
Las autoridades también aseguran que el procedimiento digital podrá utilizarse sin consumir datos móviles
El comunicado no da detalles de los plazos de expedición y queda por ver en la práctica cuánto tiempo ahorrarán los usuarios y cuán eficiente resulta ser la vía digital. La nueva herramienta deberá sortear los graves problemas de conectividad que atraviesan los cubanos y las dificultades para el uso de las nuevas tecnologías que enfrentan los más ancianos, en una sociedad con un alto envejecimiento poblacional.
La vía presencial seguirá funcionando: la solicitud en línea es una alternativa, no un sustituto de las oficinas del Registro Central de Sancionados, que continuarán atendiendo al público pese a las dificultades que provocan los prolongados apagones en los servicios estatales. La crisis energética ha agravado la ya deteriorada atención al público y se suma a las carencias de transporte y recursos que afectan a numerosas dependencias estatales.
Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), más de 245.265 personas abandonaron la Isla en el pasado año. El éxodo que comenzó a finales de 2021, luego de la represión de las manifestaciones del 11J, no se ha detenido, y es de prever que la crisis energética sin precedentes, recrudecida desde principios de este año a raíz de la intervención de EE UU en Venezuela, lo ahonden.
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